En tiempos de tribulación social y política de esta Nación – constantes siempre en la historia de Colombia, antes y después, de consolidarse como República – emergió en halos de fulgurante y estrepitosa gloria de muchos de sus constituyentes y promotores, la “Constitución Política de Colombia del año 1.991”. Con la promulgación de la Carta Magna y en las entrañas de su contenido, pero en mal remedo de otras latitudes, se gestó también, la aparición de entidades de naturaleza pública, con plena autonomía administrativa y presupuestal, entre otros asuntos más.
Fue engendro de esa Constitución, la Fiscalía General de la Nación, como Entidad de la Rama Judicial del Poder Público. Su puesta en operación, tuvo ocurrencia desde el primero (01) de julio del año 1.992, época en que se convirtió por primera vez, en fortín político de los gobiernos de turno hasta la fecha. Esta Entidad, heredó de la “Dirección Nacional de Instrucción Criminal”, la sensible y difícil misión, de investigar y acusar a los ciudadanos, presuntos responsables de conductas punibles, a partir del “Sistema Penal Oral Acusatorio” implementado con la ley 906 de 2004.
Mal supuso esa Constitución, en su propósito de equidad y justicia que, tal Entidad Pública después de casi tres décadas desde su creación, cosechara la prolongada suma de desaciertos e impertinencias, de quienes fueron elegidos para regir su dirección y organización. El Fiscal General de la Nación, es elegido por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de una terna debidamente presentada por el Presidente de la Nación. Supone esa terna, en el mejor de los casos, la alternancia de profesionales del derecho, plenos de sabiduría y conocimiento en la compleja especialidad del derecho penal. Sin embargo y hasta la fecha, pocos o ninguno de los “ungidos” tocaron en su vida profesional como abogados, un solo código penal.
A fin de cuentas, el proceso de elección de un Fiscal General de la Nación, se ha reducido a una burda componenda política de quienes eligen y resultan finalmente elegidos, haciendo “costumbre” en toda la secuencia de tal proceso, el verbo “elegir” en todos sus tiempos y conjugaciones. Algo así, como: “Yo te elijo y tú me elijes” . . .
No ha pasado hasta ahora por esa Entidad, un solo Hombre o Mujer que, haya dejado huella por su conocimiento e independencia. Por ahora, solo existen y se acumulan, pésimas referencias sobre actuaciones y decisiones, al margen de la sentida honestidad y claridad de sus protagonistas, poniendo siempre en duda, la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación.
Desde tiempos del Fiscal Gustavo de Greiff, ningún otro funcionario como el doctor Francisco Barbosa, acumuló, en el sentir de muchos colombianos e instituciones, tantas dudas sobre el liderazgo, transparencia y autonomía en las actuaciones de su cargo como actual Fiscal General de la Nación. No solo ha sido, la ausencia de humildad y el exceso de vanidad que, emana en cada discurso público que predica, haciendo realidad aquel viejo refrán que dice: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Son también, los constantes desaciertos de sus propias actuaciones y opiniones públicas, las que explican y sintetizan lo obvio de tal malestar general.
No pretende este escrito, postular censura alguna sobre los funcionarios y profesionales de la Fiscalía General de la Nación que, todos los días, debaten su propia Vida y la de sus familias, en extenuantes jornadas de trabajo – privados casi siempre de herramientas de trabajo eficientes – bajó la presión y asedio constante, de la delincuencia organizada en diligentes asociaciones criminales. Es el inmenso y claro deseo de los ciudadanos de bien de este País, porque los “Demonios” de las “componendas políticas” que habitan en esa institución y en otras entidades gubernamentales más, sean exorcizados para siempre.
German Lamo T.